Por: C. Punzo Villafuerte*

En México el agua se vuelve un recurso cada vez más escaso, y la que aún fluye superficialmente o de manera subterránea, está siendo contaminada en niveles sin precedentes a causa de la fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos. Es por ello que, en el marco del Día Mundial de la Justicia Social, llega a manos del Poder Legislativo, la valiosa oportunidad de reorientar la política en materia de concesiones de agua, y con ello saldar una de las principales deudas de justicia a pueblos y comunidades: el derecho al acceso al agua limpia, salubre y suficiente para vivir.

 UNA LEGISLACIÓN QUE PRIORICE EL CONSUMO HUMANO

El 08 de febrero del 2012 se publicó la reforma constitucional en materia de aguas que adicionaba un párrafo sexto al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que por primera vez se incluía el derecho humano al agua en la legislación mexicana. El artículo tercero transitorio de la reforma estableció que “el Congreso de la Unión Contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas”, que tuviera como principal eje en la política de agua, la ponderación del derecho humano a su acceso y consumo, así como un enfoque de cuencas para su cuidado, extracción y distribución, estableciendo mecanismos para que ese derecho fuese una realidad para todos.

No obstante, a once años del vencimiento del plazo para emitir dicha Ley, y en un contexto de crisis hídrica, la incertidumbre sigue siendo la única constante, pues los acercamientos previos a la promulgación de una nueva ley, así como la actual política en materia de agua, no han dejado de tener un enfoque privatizador y comercializador, incluso otorgando concesiones en regiones de poca disponibilidad para ser usada en la industria extractiva y comprometiendo su acceso a cientos de miles de personas que viven en condiciones de vulnerabilidad y escasez. Una de estas actividades es la fractura hidráulica.

Esta técnica, comúnmente utilizada para extraer petróleo y gas, principalmente en yacimientos con poca porosidad y casi impermeables llamados lutitas o esquistos conocidos como “no convencionales” a profundidades de mil a 5 mil metros; aunque también se utiliza en yacimientos convencionales, cuando el recurso ya es escaso y difícil de extraer. Esta baja permeabilidad requiere que se busque la mayor superficie de contacto con la roca, de modo que la perforación puede ser vertical y horizontal, direccionando la trayectoria hacia el depósito que se quiere alcanzar, seguida de una inyección de fluidos con químicos considerablemente tóxicos a alta presión que rompa y fracture la roca, liberando las moléculas de hidrocarburos a la superficie.[1]

De acuerdo con la Alianza Mexicana Contra el Fracking, en México hay más de 7 mil 879 pozos fracturados, y se estima que cada pozo requiere para fracturarse entre 9 y 29 millones de litros de agua llegando, en ocasiones, a más de 9 veces esta cifra lo cual, multiplicado por el número de pozos fracturados resulta en exorbitantes volúmenes de agua que son contaminadas irremediablemente.

Ante ello, las organizaciones integrantes de esta Alianza hemos lanzado una petición dirigida a la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República, para que en el proceso de dictaminación, votación y aprobación de la iniciativa por la que se expide la Ley General de Aguas que abroga la Ley de Aguas Nacionales, se considere la prohibición del uso de toda el agua en los procesos de fractura hidráulica, de tal manera que constituya un verdadero freno a una actividad que lleva más de 20 años contaminando irremediablemente el agua en las regiones donde se realiza. La petición lleva ya más de 90 mil firmas.

La Alianza alertó que la redacción original del artículo 220 del Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, se modificó para plantear que solo se prohibiría utilizar el agua destinada al consumo humano y al riego, con lo que en los hechos se dejaría tal y como está actualmente, lo cual representa un escenario de notoria incongruencia cuando hace apenas unos días el Presidente de la República había anunciado su propuesta de elevar a rango constitucional la prohibición del fracking, así como un gesto más de menosprecio por parte de las y los legisladores, al clamor social de cientos de pueblos y comunidades cuya agua está siendo envenenada con la venia de las autoridades.

GARANTIZAR EL ACCESO AL AGUA ES GARANTIZAR LA JUSTICIA SOCIAL

En México, las regiones de mayor pobreza son también las que padecen mayor discriminación en la distribución y acceso al agua, y hoy en día, en un contexto de crisis climática, las desigualdades se acentúan, a la par de que los efectos en estas poblaciones se vuelven más devastadores. Según el Monitor de Sequía en México, el 76.21% del territorio nacional sufre algún tipo de sequía. Esto de acuerdo con el informe semanal más reciente –difundido el 13 de febrero– del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Las zonas que presentan sequía extrema y excepcional son el noroeste, noreste y centro de México, ocupando 28.98 % del país, justo en las regiones de mayor presencia de extracción de hidrocarburos por fractura hidráulica.

El agua, más que un recurso para el desarrollo es el elemento indispensable para la vida misma y el equilibrio ecosistémico en este Planeta, y por consecuencia, el bienestar humano. Por lo que resulta por demás absurdo que, en tiempos de escasez, se continúe priorizando el uso del agua para actividades extractivas.

Desde 2012, las y los Legisladores que han transitado el Honorable Congreso de la Unión, han tenido no solo la oportunidad, sino la obligación constitucional de expedir una ley secundaria que garantice el real y cabal derecho al acceso al agua limpia, asequible, salubre y suficiente para todas las personas. Sin embargo, las constantes presiones para privatizarla, las concesiones permisivas, así como la captura de las instituciones encargadas de su cuidado, por parte de intereses corporativos, hace que, desde entonces, la justicia social para las poblaciones que padecen la falta de acceso al agua, se vuelva una mera prédica que se repite en la coyuntura electoral.

El llamado a la prohibición del fracking y la protección del agua frente a los grandes proyectos extractivos y contaminantes en México, es un llamado a ir más allá del discurso político cada vez que se habla de justicia social. Es un llamado a la congruencia democrática y al sentido común, donde el hacer político sea puesto al servicio del bienestar humano.

* C. Punzo Villafuerte investiga en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.

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[1] Flores Lot, C., & Llano, M. (2023). Fracturando el campo: Impactos potenciales del fracking en la agricultura y Sembrando Vida. CartoCrítica, A.C. Disponible en: https://cartocritica.org.mx/wp-content/uploads/2023/11/Fracturando-el-campo-impactos-potenciales-del-fracking-en-la-agricultura-y-Sembrando-Vida.pdf

[2] Imagen 1, Gaceta UNAM, 2024 https://www.gaceta.unam.mx/en-cuatro-decadas-se-ha-acelerado-la-extraccion-de-aguas-subterraneas/?fbclid=IwAR3dOAtLwAOo9ZlhCKTS0zXb0aNhE0_Tx-A06LZeHXwizFz0VU5wn27KhBM

[3] Imagen 2, CartoCrítica, 2015 https://cartocritica.org.mx/2015/fracking-en-mexico/

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